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Denuncias Penales por ejercicio Ilegal de la Profesión

El Colegio de Inmobiliarios denunció penalmente a 8 inmobiliarias ilegales

Son personas que realizaban la actividad inmobiliaria sin cumplir las disposiciones de la LEY 9445, que regula la actividad en la provincia de córdoba desde el 2007

El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, presentó 8 denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión a personas que ejercian la actividad inmobiliaria, sin estar encuadrados bajo los requerimientos de la LEY 9445, ni tampoco tenían un matriculado CPI, trabajando en sus inmobiliarias.

Las denuncias fueron radicadas en las fiscalías:

Fisc 4, turno 4, exp: 311810/1 ; Fisc. 1, turno 2, exp: 311811/1 ; Fisc. 3, turno 4, exp: 311812/1 ; Fisc. 3, turno 5, exp: 311813/1 ; Fisc. 3, turno 3, exp: 311814/1 ; Fisc. 1, turno 5, exp: 311815/1 ; Fisc. 4, turno 3, exp: 311816/1 ; Fisc. 3, turno 6, exp: 311817/1

Estas son las primeras presentaciones que se realizan, pero hay varias decenas de expedientes listos para ingresar a la justicia, fruto del fuerte programa de fiscalización y control que se está desarrollando a lo largo de todo el territorio provincial.

Cabe aclarar que a finales del 2011 la Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley 9445 que colegió a la actividad de los corredores a partir de 2007 y selló un enfrentamiento que llevaba cuatro años entre este sector y los martilleros, lo que obliga a más de 1.500 profesionales a matricularse como inmobiliarios.

La norma dictada el 28 de noviembre de 2007 marcó el nacimiento del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), obligando a todos los operadores dedicados a la compra y venta de inmuebles a matricularse.

La norma desató la reacción del Colegio de Martilleros, que hasta ese momento reunía a la mayor parte de los operadores.

Esta institución interpuso en 2008 un amparo en un juzgado de Villa María, argumentando que la norma era inconstitucional ya que la Provincia no podía adjudicarse el poder de crear un colegio profesional, lo que permitió la coexistencia de ambas instituciones como representativas del sector.

La Cámara de Villa María, presidida por Juan María Olcese, ratificó la constitucionalidad de la ley 9445, lo cual zanja el conflicto en favor del CPCPI como entidad en la que los operadores deben inscribirse por entender que es la Provincia la autoridad con poder para regular la actividad de los colegios profesionales.