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El CPI es el responsable de fiscalizar y controlar a Corredores Públicos Ley 7191 que ejercen como Inmobiliarios.

En la sentencia en contra del expresidente de Martilleros Urcegui, extensiva al Colegio de Martilleros, la justicia expresó que los Matriculados en ese Colegio NO PUEDEN ejercer la actividad de intermediación inmobiliaria. Además se rechazó el argumento que el título y la matrícula son únicos y quien puede lo más puede lo menos, dejando en claro que no hay exigencia de doble Matriculación del CPI.

DESCARGAR SENTENCIA URCEGUI

FISCALIZACIÓN JUDICIAL

En el marco del programa de Fiscalización que se desarrolla en toda la Provincia, con el objetivo de detectar y eliminar el “ejercicio ilegal de la Profesión”, se inició un expediente a una persona que ejercía la Actividad Inmobiliaria con una Matrícula de Corredor Público, aduciendo la normativa de la Ley pcial 7191 y el Art. 1345 del Código Civil y Comercial.

En este caso en particular, luego de recolectadas las pruebas, este Corredor Público, envió una carta documento, por sugerencia del Colegio de Martilleros, apelando toda la acción de fiscalización.

Continuando con el proceso jurídico establecido para estas situaciones, se le inició Juicio Ordinario y luego de comparecer con los asesores legales del Colegio de Martilleros, el demandado ante la contundencia de la Ley 9445 y las acciones de fiscalización decidió allanarse a la acción, pedir eximición de costas y matricularse bajo la Ley 9445, única norma que regula y administra el ejercicio profesional legal para la actividad inmobiliaria en toda la Provincia de Córdoba, a través del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios.

DESCARGAR SENTENCIA NAPOLITANO

DENUNCIA DE PRATO, RECHAZADA POR LA JUSTICIA PENAL

Una vez más la Justicia Penal de Córdoba ratificó que las acciones de Fiscalización y Control de la Actividad Inmobiliaria corresponden al Colegio Profesional de Inmobiliarios. 

En febrero del corriente, Mediante Resolución de fecha 8/2/2019 la Fiscalía del Distrito 4 Turno 2 había admitido la denuncia penal formulada por el “Colegio de Martilleros” hacia el Colegio Profesional Inmobiliarios. POR HABER INCURRIDO  en los SUPUESTOS delitos de Estafa, Extorsión y Coacción.  VER ACÁ: http://cpmcp.org.ar/admiten-denuncia-penal-contra-el-cpcpi/

En unos pocos meses, LA FISCALIA y el JUEZ DE CONTROL, no sólo rechazaron las acciones y mandaron a Archivar la Causa, sino que en los argumentos desarrollados, dejan más que en claro que la Ley 9445 es la única que puede ejercer el Gobierno de la actividad del Corretaje Público Inmobiliario en toda la Provincia de Córdoba.

Como es habitual, nosotros ACÁ SI TE MOSTRAMOS todos los Fallos, y quedamos a disposición para que puedas encontrar siempre la VERDAD de los hechos, que son irrefutables.

DESCARGUE AQUÍ LA RESOLUCIÓN

 

 

 

Una vez más…!

Estimado Colega CPI

Ante un nuevo infundado y falaz comunicado por parte del Colegio de Martilleros, que intenta confundir y dilatar lo ya expresado en los innumerables fallos y sentencias de la Justicia de Córdoba, la Justicia Federal, el Tribunal Superior de Justicia y la misma Corte Suprema, nos vemos obligados a molestarlo, para acercarle la documental correspondiente para vuestro conocimiento y tranquilidad. 

AUTO JUEZ 2A NOM – RESPECTO A LA CAUTELAR

INCOMPETENCIA DE OFICIO – CAUSA FEDERALES

PRATO FISCALIA

RECHAZO CAUSA MATTONE

RECHAZO CAUTELAR

SENTENCIA AMPARO Colg Martilleros

Así mismo, cada fallo y sentencia están “siempre” disponibles en www.blog.cpcpi.org.ar donde se encuentra todo el historial judicial, para ser analizado y estudiado por quienes todavía puedan tener alguna duda respecto a la Realidad del Corretaje Inmobiliario en Córdoba.

Desde el CPCPI, tenemos a disposición nuestros asesores legales y toda la información disponible y pública desde siempre, porque respetamos la verdad y el compromiso con las Leyes vigentes y la Justicia.

Las palabras y las comunicaciones son efímeras, los hechos y los fallos del Poder Judicial, en todos sus niveles, son INCONTRASTABLES 

RECHAZAN el amparo del Presidente Prato de Martilleros, sobre un planteo de inconstitucionalidad de la Ley 9445

La promocionada “GRAN EXPECTATIVA” sobre el amparo de Prato, en SEP 18, quedó extinta con lo expresado por la Fiscal, que recomienda RECHAZAR, sobre la jurisprudencia de los fallos del TSJ y la Corte Suprema de Justicia, argumentando que cualquier pedido es inválido, porque ya fue resuelto en muchas instancias judiciales, con SENTENCIAS FIRMES.

PRATO solicitó:

  • …que el CPCPI se abstenga de impedir obstaculizar, sancionar y/o perturbar el libre y regular ejercicio profesional como Martilleros y Corredores Públicos, debiendo declarar inconstitucional la Ley 9445.
  • …que el CPCPI está denunciando penalmente a Martilleros y Corredores Públicos amparados bajo el régimen de la Ley 7191.
  • …plantea la inconstitucionalidad de la Ley 9445, al entender que la Ley Nacional 20.266, modificada por la 25.028 considera al “Martillero y Corredor Público” como una única Profesión y de ahí que la Ley 9445 deviene inconstitucional al intentar crear una sola “profesión” la de corredor Inmobiliario, lo que es facultad exclusiva y excluyente de la Nación en virtud de los artículos 126 y 75 incs.18 y 19 de la C.N. Además la Ley Nacional de Educación Superior nro.24.521, por efectuar una distinción que la Ley 20.266, modificada por la Ley 25.028, no realiza
  • … se considere que Martillero Público y Corredor Público son dos profesiones distintas, debiera resultar indudable que el Corredor Inmobiliario no es una profesión distinta e independiente de su género, que es la de Corredor Público.
  • Manifiesta también que la Ley 9445 viola el principio de jerarquía de las leyes, al vulnerar el art.31 de la Constitución Provincial, el derecho de propiedad (art.17 CN) y de ejercer toda industria lícita (Art.14 CN).
  • Señala como inconstitucional la ley 9445, porque viola la Ley 20.266, modificada por la Ley 25.028, que considera al Martillero y Corredor Público como única profesión, lo que implica crear una profesión, facultad que es exclusiva y excluyente de la Nación en virtud de lo dispuesto por los arts. 126 y 75 inc. 18 y 19 de la C.Nac. y la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
  • Señala que viola el principio de jerarquía normativa (art. 31 C.Nac.), porque crea una profesión, tal como la de corretaje inmobiliario, y ello contradice la Ley 25.028, que solo establece las facultades e incumbencias para los corredores, pero no hace la distinción que formula esta ley. Expresa que ésta Ley también vulnera el art. 37 de la Constitución Provincial, por cuanto si bien delega el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en este caso, se estarían excluyendo a profesionales que ejercen la actividad del corretaje con semovientes y muebles, de los inmobiliarios.
  • Además vulnera el derecho de propiedad (art. 17 CN y 14 CN), porque implica que la obligación de ser todos los corredores públicos ya colegiados bajo la Ley 7191, deberían abonar los aportes al Colegio Ley 9445, lo que duplica los costos de colegiación.
  • A su vez, en forma subsidiaria, plantea la vigencia de la Ley 7191, ordenándose que en el sublite, la demandada se abstenga de continuar difamando y obstaculizando el libre ejercicio profesional del amparista como Corredor Público, matriculado en los términos de la Ley 7191. Insiste, en el entendimiento que la Ley 9445, no deroga el gobierno de la matrícula de corredor público (art.1º y 89 inc. a) de la Ley 7191, a través del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos creado por la Ley 7191.

A LO CUAL la Fiscal Civil Comercial y Laboral de Tercera Nominación, María Lourdes Ferreyra de Reyna; EXPRESÓ:

  • Corrido traslado del planteo a la parte demandada, ésta lo evacua a fs.157/175, solicitando su rechazo. Expresa que, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad en atención a que el TSJ, ya resolvió sobre su constitucionalidad en los autos caratulados: “Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba C/ Provincia de Córdoba – AMPARO” (Expte. Nº 338680), en la que remarca la especificidad de la profesión inmobiliaria y la necesaria jerarquización de la profesión, dándole un marco legal propio.
  • La especificidad que caracteriza al corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación inmobiliaria, como actividad profesional, permiten sostener que no aparece conculcada la razonabilidad de su regulación diferenciada, incluida la creación del Colegio de Profesionales de Corredores Públicos Inmobiliarios. Argumenta que con este amparo, se quiere reinstalar dos tópicos que ya han sido resueltos por la jurisprudencia cordobesa en reiteradas oportunidades, tales como: la Inconstitucionalidad de la Ley 9445 y la vigencia de la Ley 7191, en materia de Corretaje Público Inmobiliario. Manifiesta, con relación a la pretendida vigencia de la Ley 7191, que esta ley solo regula el Corretaje Publico Inmobiliario, por lo que, esta seguiría vigente, quedando excluido de dicha ley todo aquello que tiene por objeto la intermediación de los inmuebles en la Provincia de Córdoba.
  • Sostiene que es falso que con el art. 58 de la Ley 9445, se deroguen los arts. 18 y 19 de la Ley 7191, porque cuando dicha ley quiso derogar todas las disposiciones que se opongan a la mencionada ley, así lo expresó, de allí que no se puede considerar que invalide toda la ley. Así ya lo ha resuelto la jurisprudencia que cita. Además expresa que resulta absurdo sostener que estarían sujetos a una doble colegiación.
  • Asimismo, solicita el rechazo del planteo de inconstitucionalidad porque no se puede sostener que los controles de un Colegio Profesional atenten contra el derecho a trabajar, además sostiene que es falso sostener que se vulnera el derecho adquirido de un matriculado bajo la Ley 7191, más aún cuando la ley 9445, los protege al prever en el art. 55, que tenían 180 días para readecuar su ejercicio profesional, además no vulnera el derecho a la igualdad porque el legislador entendió que el corretaje inmobiliario debía tener una regulación propia, porque el desarrollo de la actividad y seguridad jurídica hacían necesario una regulación más profunda y una especialización en la tarea.

RECHAZAR EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD

  • Pues bien, sobre la normativa ahora cuestionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mediados de 2015, confirmó su plena vigencia, ratificando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, confirmando que la Ley 9445, es la encargada de regular y administrar todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria en la Provincia de Córdoba.
  • Poniendo fin al requerimiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 9445, NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL EXPRESÓ QUE:

1) “La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a los colegios profesionales para el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio, tal como lo concreta la Ley N° 9445.

2) Al Estado le preocupan los intereses que se relacionan con la representación externa y disciplina interior de la profesión, representadas a través de la matriculación profesional y actuación de la potestad disciplinaria cuando corresponda, funciones otorgadas al Colegio Profesional.

3) La Ley 9445, establece en su artículo 27 que dicho ente tendrá los siguientes fines y atribuciones: … b) Otorgar la habilitación profesional y la credencial correspondiente;

4) … tanto el propio texto de la ley como sus fundamentos centran la creación de un nuevo Colegio en la fuerte convicción de la diferencia existente entre las profesiones de Martilleros y Corredores, reafirmando lo establecido por la Ley 7191, que regulaba de un modo conjunto y en disposiciones comunes ambas actividades en cuanto a inhabilidades, matriculación, obligaciones, derechos y prohibiciones, funciones propias y disposiciones comunes aunque salvando su singularidad en el art. 10 cuando se ocupaba de distinguir las actividades propias del martillero y las del corredor, conceptuando al corretaje como una profesión independiente así como la singularidad de la actividad del inmobiliario.

5) … la actividad que realiza el corredor requiere de un control especial e intenso por parte del Estado Provincial, delegado en el Colegio Profesional.

6) la normativa establecida en la Ley 9445, responde plenamente a los principios axiales de todo sistema jurídico de razonabilidad, proporcionalidad o congruencia, toda vez que se erige como un patrón de valoración decisivo de la constitucionalidad de todo acto de reglamentación o restricción de derechos dictados en nuestro Estado de Derecho por imperio del art. 28 de la Constitución Nacional.

7) Lo expresado conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley N° 9445 en cuanto crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, como medio idóneo y proporcionado para delegarle el gobierno y control de la matrícula de la actividad de corretaje inmobiliario” (TSJ Sala Electoral y Compet. Orig. Auto nro.31 del 08-08-2013, el que quedó firme por rechazo de Rec. Extraordinario ante la CSJN de fecha 09-06-2015 -1761/2014/RHI).

  • Así entonces, conforme la doctrina del Alto Tribunal Provincial, la creación de un Colegio de Corredores Inmobiliarios mediante la Ley 9445, no resulta violatorio de derecho constitucional alguno, pues los Colegios Profesionales son una creación legal, que la Provincia en calidad de titular de las potestades públicas, puede instrumentar, como así también que el mentado Colegio se presenta como medio idóneo para asumir por delegación legal el gobierno y control de la matrícula de esta actividad profesional, lo que, sumado a la diferenciación que hace la misma de la profesión de Martilleros y Corredores con singularización de la actividad del Corredor Inmobiliario, conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley 9445.
  • En el planteo de autos, no se alcanza a vislumbrar de qué manera se violentarían las normas constitucionales invocadas, ya que no se logra acreditar que la Ley en cuestión haya creado una nueva carrera, la de “corredor inmobiliario” pues surge nítido de la lectura de la misma, que ésta ley crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y reglamenta el ejercicio de la profesión de corredor inmobiliario, estableciendo requisitos para ello, como tampoco se logra demostrar que no existe a nivel universitario el dictado de la carrera de “corredor inmobiliario” ya que el corretaje inmobiliario se presenta como una rama especial del corretaje en general, previsto en la Carrera de “Martillero y Corredor Público.

Estamos convencidos que quienes han estudiado y obtenido un Título Profesional Universitario, tienen el derecho de trabajar y ejercer con tranquilidad la profesión que eligieron y formar parte de la Comunidad Profesional Inmobiliaria de Córdoba, para lo cual es necesario tener una Matrícula CPI y cumplir con todas las disposiciones de la Ley 9445, que es la única habilitada para regular la actividad en la Provincia de Córdoba.

Durante mucho tiempo la desinformación y el engaño han actuado en defensa de intereses egoístas y personales, sin pensar en la realidad de cada trabajador que diariamente tiene que ejercer y NO TIENE UNA MATRÍCULA debidamente encuadrada que lo proteja, tal como le ha sucedido ya a varios Colegas y otros tantos que tienen graves problemas con la Justicia.

TODA LA HISTORIA JUDICIAL que sostiene y avala cada uno de los argumentos que siempre expresamos desde el CPI, están publicados y son de libre acceso, para que cualquier persona pueda asesorarse y entender LA ÚNICA VERDAD VIGENTE E INCONTRASTABLE.

 

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La Justicia Federal también rechazó el planteo del Colegio de Martilleros, sobre la vigencia del CPCPI

En un nuevo intento para eludir la Ley 9445, Martilleros había recurrido al Fuero Federal, quien desestimó el recurso, al igual que lo hizo el TSJ de Córdoba y la CSJN, oportuna y categóricamente.

El Colegio de Martilleros y sus Directivos pidieron a la Justicia Federal que hiciera cesar el “estado de incertidumbre e inseguridad jurídica” supuestamente provocado por el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación y la Fiscalización del Colegio Profesional de Inmobiliarios – CPI.

Martilleros venían sosteniendo: “Un título, un Colegio, una matrícula, un profesional” y que la Ley 9445 implica una doble matriculación, entre otras variadas e inverosímiles articulaciones, para lo cual el Juez Federal Nro. 2, Alejandro Sánchez Freytes, en su Resolución del 24 mayo de 2019, ordenó archivar y ratificó, “una vez más”, que el ejercicio profesional de la actividad inmobiliaria, debe regirse por las normas de la Ley 9445, y que el título universitario otorgado por las Universidades, es adecuado y correcto, como lo ha sido hasta hoy.

El Juez, después de efectuar un análisis riguroso y pormenorizado, expresó: “…se advierte que ninguna referencia, ni puntual ni genérica, efectúa respecto a “los colegios profesionales, partes en esta causa” y menos aún, en relación a la sustancia y dinámica del conflicto en que se encuentran situados, lo que descarta su concreta aplicación al caso de autos y torna innecesaria la intervención del Estado Nacional…”

En este caso, la Justica Federal, como ya lo han hecho otros tantos juzgados y Cámaras, desestimó, rechazó y mandó archivar el argumento de los Martilleros: “Una Matrícula, Una Profesión, Un Colegio.”, dejando en claro, “una vez más”, que en la Provincia de Córdoba, para ejercer como Inmobiliario, se necesita una Matrícula Habilitante CPI.

ADEMÁS, CABE RECORDAR, que continúa vigente la cautelar de diciembre de 2017, en la cual se ordena al Colegio de Martilleros a informar siempre y en cada publicación la vigencia de la Ley 9445. Es decir, en la Provincia de Córdoba SÓLO los Profesionales con Matrícula CPI pueden ejercer la Actividad Inmobiliaria.

Las palabras y las comunicaciones son efímeras, los hechos y los fallos del Poder Judicial, en todos sus niveles, son INCONTRASTABLES

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La justicia ordena investigar al Colegio de Martilleros

Es en el marco de NO cumplimiento de la Cautelar impuesta por el Fuero Civil, quien decidió girar al fuero Penal todo los antecedentes del Colegio de Martilleros, por no acatar la orden vigente.

Como recordarán, el pasado 29 de agosto de 2018, la justicia había rechazado el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Martilleros, RATIFICANDO, una vez más, la orden impartida en DICIEMBRE de 2017 para que reconozca la Mat. CPI, como ÚNICA VÁLIDA para ejercer como Inmobiliario, estableciendo específicamente y con total claridad en todas sus comunicaciones, que para ejercer el Corretaje Inmobiliario en la Provincia de Córdoba se debe tener matricula profesional CPI, Ley 9445.

FINALMENTE, ante el claro incumplimento de esta orden por parte del Colegio de Martilleros, la justicia ordenó realizar la Denuncia Penal. Desde el CPCPI, acompañamos la información girada por el Fuero Civil, incorporando pruebas y argumentos que le permitirá al Ministerio Público Fiscal investigar esta grave falta.

En el medio del engaño y confusión que genera reeditar discusiones antiguas que ya fueron juzgadas y resueltas en todas las instancias posible, hay Profesionales que no pueden cobrar su honorarios y ponen en riesgo su buen accionar siguiendo argumentaciones sin sentido, de una Institución que ante la falta de argumentos, principalmente jurídicos, apela a cualquier artimaña, para seguir invocando la razón, que en realidad, nunca la tuvo.

La única REALIDAD, concreta y veraz, es que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, creó la Ley 9445 que establece las normativas para el ejercicio “legal” de la Actividad Inmobiliaria en dicha provincia, DELEGANDO sus funciones estatales en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, quién es el encargado de otorgar la Matrícula Habilitante.

POR LO TANTO:

Quién ejerce la Actividad Inmobiliaria en la Provincia de Córdoba, debe tener una Matrícula CPI y quien no la posee, está realizando EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN.

Oficio Judicial

Cámara Segunda de Apelación considera ilegal la actividad de un Corredor Público matriculado en el Colegio de Martillero

Un nuevo y contundente fallo jurídico resolvió rechazar la intervención del Colegio de Martilleros por considerar que el fondo de la disputa sobre la constitucionalidad de la Ley 9445 ya fue resuelta por el TSJ, considerando a su vez que los matriculados 02 y 04 no poseen incumbencia profesional para ejercer como Inmobiliarios, por lo tanto no PUEDEN ni DEBEN Cobrar Honorarios por la participación en la intermediación de inmuebles.

La Cámara Segunda de APEL CIV. y COM se expresó de manera explícita y contundente respecto a distintos aspectos relacionados a los autos MATTONE, EMILIANO C/ CENTRO COMERCIAL COSTANERA S.A. ORDINARIO – COBRO DE PESOS, Expte.N° 5771492, causa que si recordamos, rechazó en primera y segunda instancia el cobro de honorarios del Sr. Mattone por no poseer Matrícula CPI y se reputó la actividad del Corredor Público Ley 7191 como “ilegal” por haber realizado actividad inmobiliaria.

El Colegio de Martilleros había solicitado involucrarse y participar, invocando interés de representar y defender a sus colegiados que hacen Corretaje, con la intención que puedan seguir cobrando honorarios por esa actividad. La Cámara RECHAZÓ la participación como tercero interesado del Colegio Profesional de Martilleros porque entendió que la cuestión relativa a las incumbencias profesionales de los martilleros y la vigencia de la Ley 9.445 ya fue resuelta de fondo, pues el planteo del Colegio de Martilleros por la incumbencia profesional tuvo lugar y el resultado adverso de la acción llegó incluso hasta el más Alto Cuerpo de la Provincia (TSJ), quien expuso amplios fundamentos en sustento de la decisión de rechazo a la acción de Amparo de Martilleros respecto a la Ley 9445.

El tribunal concluyó tanto en primera como en segunda instancias que el Sr. Mattone no tiene derecho a cobrar honorarios por realizar la actividad de inmobiliaria ya que no tiene Matricula CPI, habilitada por la ley 9445, considerado el fondo de la cuestión, es decir, el aspecto sustancial del mismo y concluido en la ausencia de derecho a la percepción de honorarios por actividad inmobiliaria por un matriculado del colegio de martilleros.

En otra sentencia contundente, los juristas concluyeron que: “si se le denegó el mismo -honorario profesional- no es sino porque el actor no cuenta con matrícula profesional habilitante al fin y, conforme prescribe la ley 9.445, tal es la que otorga el colegio profesional de corredores inmobiliarios, de manera que no es la sentencia recaída en esta causa la que “lesiona” el interés del conjunto de martilleros: la sentencia no es sino el resultado de las prescripciones legales vigentes. no es la génesis de la lesión a intereses de los martilleros que pretendan ejercer el corretaje inmobiliario es la consecuencia de la legislación vigente”.

Una vez más la Justicia, con argumentos sólidos, claros y precisos afirma de manera inobjetable que en la Provincia de Córdoba, quien quiera ejercer la actividad de Corretaje Inmobiliario, debe adecuarse a la reglamentación de la Ley 9445.

Esto significa que los Profesional que han obtenido su Título Universitario y quieren ejercer la actividad inmobiliaria tiene el derecho a hacerlo de manera Legal, sin el riesgo latente de no poder cobrar sus honorarios por tener la falsa seguridad de poseer una matrícula que claramente los ubica en un plano de ilegalidad manifiesta y reconocida por la Justicia Cordobesa.

Fallo Camara Segunda de Apelaciones, MATTONE

La Justicia RECHAZÓ planteo del Colegio de Martilleros y RATIFICÓ la orden de reconocer la Mat. CPI, como ÚNICA VÁLIDA para ejercer como Inmobiliario

Por segunda vez, ratificó la medida judicial que obliga a informar y comunicar que para ejercer el Corretaje Inmobiliario se debe tener matricula profesional CPI, Ley 9445.

La Justicia de la Provincia, a través del Juzgado de 1era. Instancia de Germán Almeida, en la RES. 537, del 29 de agosto de 2018, RECHAZÓ el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Martilleros y volvió ratificar la orden impartida en diciembre de 2017 para que reconozca la Mat. CPI, como ÚNICA VÁLIDA para ejercer como Inmobiliario, estableciendo específicamente y con total claridad en todas sus comunicaciones, que para ejercer el Corretaje Inmobiliario en la Provincia de Córdoba, se debe tener matricula profesional CPI, Ley 9445.

SE RATIFICA la Orden Judicial: …“ordénese al Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba que en todas declaraciones, informaciones, publicaciones y demás formas de comunicación por el medio que fuere, sin perjuicio de lo que pudiere manifestar en ellas, deberá aclarar que en la Provincia de Córdoba el corretaje inmobiliario se encuentra regido por las disposiciones de la ley 9445, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, en función de las cuales todos aquellos que quieran ejercer la profesión de Corredor Público Inmobiliario en la Provincia de Córdoba deben inscribirse en la Matrícula del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios que crea la ley mentada; a cuyo fin: líbrese oficio.”

Una y otra vez, en más de una veintena de fallos, La Justicia de Córdoba, ha indicado con infinidades de argumentos sólidos e irrefutables que que la ÚNICA MATRÍCULA válida para ejercer el Corretaje Inmobiliario en la Provincia de Córdoba, es la que otorga el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, creado por la Ley 9445, norma que regula y administra la actividad, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Corte Suprema de la Nación.