Archivo de la categoría: judiciales

¿Y AHORA QUE VAN A MENTIR ?

Presidente del Colegio de Martilleros Marcelo Prato, Vicepresidente Miriam Pagani y Agente Remax pierden amparo de manera contundente contra el CPI

Una vez más la Justicia de Córdoba destruye con sólidos argumentos e irrefutables fundamentos, todas las mentiras y afirmaciones que dirigentes del Colegio de Martilleros vienen sosteniendo para seguir engañando a los profesionales, privándolos de tener una Matrícula Habilitante que les permita trabajar seguros y tranquilos en el Corretaje Inmobiliario.

Al fallo completo lo pueden descargar al final, pero aquí destacamos algunos fundamentos demoledores: 

  • La ley que regula la actividad inmobiliaria en la Provincia de Córdoba es la Ley 9445 que a su vez es absolutamente constitucional
  • La ley 9445 derogó a la Ley 7191, respecto al corretaje inmobiliario.
  • Afirma que toda persona que ejerza como Corredor Público Inmobiliario, SIN MATRICULA CPI, es considerado “ILEGAL”.
  • El Martillero Corredor Público NO puede realizar actividades inmobiliarias, menos aún cobrar por ello.
  • Las habilitaciones profesionales son facultad del Gobierno Provincial quien delega a través de una Ley a los Colegios Profesionales para que regulen y administren las Matrículas Habilitantes.
  • El CPI es el responsable de fiscalizar y controlar a Corredores Públicos Ley 7191 que ejercen como Inmobiliarios.
  • Se rechazó de fondo el argumento “UNA CARRERA, UN TÍTULO, UNA PROFESIÓN, UN COLEGIO”
  • Exige al Colegio de Martilleros que cumpla con la Cautelar vigente que obliga a informar en todas sus comunicaciones que en la Provincia de Córdoba el corretaje inmobiliario se encuentra regido por las disposiciones de la Ley 9445.

Estamos convencidos que quienes han estudiado y obtenido un Título Profesional Universitario, tienen el derecho de trabajar y ejercer con tranquilidad la profesión que eligieron.

Durante mucho tiempo la desinformación y el engaño han actuado en defensa de intereses egoístas y personales, sin pensar en la realidad de cada trabajador que diariamente tiene que ejercer y NO TIENE UNA MATRÍCULA debidamente encuadrada que lo proteja, tal como le ha sucedido ya a varios Colegas y otros tantos que tienen graves problemas con la Justicia.

Es importante destacar, que desde el CPI, al igual que la Justicia, velamos por una sociedad más justa y transparente, con valores éticos y morales que forjen personas de bien, íntegras respetando las leyes y las instituciones.

La intención es defender la fuente laboral de quienes tienen un Título Universitario, y NO SE MERECEN trabajar con la INCERTIDUMBRE de que la Justicia les prohíba cobrar por su trabajo, como ya ha sucedido.

No te dejes engañar más, consultá, asesorate con un abogado y defendé tu profesión

 

Las palabras y las comunicaciones son efímeras, los hechos y los fallos del Poder Judicial, en todos sus niveles, son INCONTRASTABLES

DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA 

EL MARTILLERO CORREDOR PÚBLICO NO PUEDE EJERCER LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA

La Justicia de Córdoba le exigió a Carlos Lucero, matriculado bajo la Ley 7191, que cese de inmediato en el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en Córdoba y que además se abstenga de publicitar el servicio profesional por incumplir con las previsiones de la ley 9445, advirtiéndole que de no cumplir con la orden judicial, el Juzgado remitirá los antecedentes a la justicia del crimen.

La Dra. Laura Mariela González, en la Sentencia Nro. 240, del 4 de diciembre de 2019, RESOLVIÓ:

A)  Ordenar al Sr. Lucero (“INMOBILIARIA CARLOS F LUCERO. SERVICIOS INMOBILIARIOS MP 04-2527/ el cese inmediato en el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en Córdoba.

B)  Intimar a Sr. Lucero abstenerse de publicitar el servicio profesional de intermediación inmobiliaria por incumplir con las previsiones de la ley 9445. Sino cumple con la orden judicial el Juzgado remitirá los antecedentes a la justicia del crimen.

La Jueza resolvió que la actividad de corretaje inmobiliaria llevada a cabo por el Martillero Corredor Público LEY 7191 Carlos Florentino Lucero es ilegal.(…) acreditada la actividad irregular del corretaje inmobiliario sin encontrarse matriculado conforme lo dispuesto por la ley 9445, corresponde admitir la demanda incoada por el Colegio de Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba en contra del Sr. Lucero Carlos Florentino (…)”

Rechazo el argumento defensivo que utiliza el COLEGIO DE MARTILLEROS “UNA CARRERA, UN TÍTULO, UNA PROFESIÓN, UN COLEGIO”

La Jueza rechazó las defensas del Sr. Lucero, que Martillero Corredor Público matriculado ante el Colegio de Martilleros (Ley 7191):

1)  Lucero NO puede hacer actividad de corretaje inmobiliario, pesa a que obtuvo su título de martillero y corredor público en el Colegio Monserrat.

2)  Lucero NO puede hacer actividad de corretaje inmobiliario, pese a que matriculó bajo la ley 7191 con fecha 15/12/2006.

3)  Lucero el 22.01.2018 recibió una Carta Documento para matricularse ante el CPI.

4)  Lucero contestó la Carta Documento afirmando que el Colegio de Martilleros es el único Colegio profesional que puede matricular a quienes detentan el título de Martillero Corredor Público. ARGUMENTO RECHAZADO

5)  Lucero se defendió en base a la Ley de Educación Superior y que el título le permitiría hacer la actividad inmobiliaria. ARGUMENTO RECHAZADO

6)  Lucero se defendió diciendo que el CPCPI sólo puede matricular a quienes ostentan ese título. ARGUMENTO RECHAZADO

7)  Lucero adujo que el CPI no podría matricular a las personas que tienen el título de Martillero Corredor Público como profesión y título único. ARGUMENTO RECHAZADO

8)  Lucero dijo que obligarlo a matricularse ante el CPI violaría el art. 7 de la C.N. y el decreto 2293/1992 que estipula la regla de matriculación única. ARGUMENTO RECHAZADO

9)  Afirma que su matriculación en el Colegio regido por la ley 7191, constituye un acto administrativo que le ha generado un derecho adquirido. ARGUMENTO RECHAZADO

10)  Opuso falta de legitimación activa del CPI para demandar su matriculación bajo la ley 9445. ARGUMENTO RECHAZADO

11)  Lucero dijo que su matriculación ante Ley 7191, no genera competencia desleal. ARGUMENTO RECHAZADO

EXTRACTOS IMPORTANTES DEL FALLO:

(…) Por lo tanto, a partir de la ley 9445 (sancionada con fecha 28/11/2007, promulgada el 14 de diciembre y publicada el 19 del mismo mes y año), quedó derogada las disposiciones de la Ley 7191, particularmente en el capítulo segundo denominado corretaje inmobiliario, relativo al núcleo de la controversia de autos, por lo que no hay duda alguna que a partir de la sanción de aquella ley, todos aquellos que quieran ejercer la profesión de corretaje inmobiliario entre otros recaudos, deben inscribirse en la Matrícula del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios que creó la ley, coherente también con la hermenéutica teleológica de la norma, y al no efectivizarlo el demandado, se concluye que el mismo se encuentra ejerciendo dicha actividad de manera irregular.(…)

(…) entre las funciones y objetivos de que le asigna a los colegios profesionales las respectivas leyes de colegiación, está la de combatir el ejercicio ilegal de la profesión. (…)

(…) A partir de lo analizado anteriormente, queda fijada como cuestión controvertida y núcleo de la discusión, si la actividad profesional en el corretaje inmobiliario desplegada por el demandado bajo la matriculación otrora efectuada en los términos de la ley 7191, es irregular desde la vigencia de la ley 9445(…)

(…) resulta oportuno señalar que aprobada la ley 9445 desde el año 2007, y superado con éxito de test de constitucionalidad, no hay duda alguna que quien pretenda ejercer la actividad de corredor debe inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente y cumplir con los demás requisitos que impone la reglamentación local (art. 33 Ley 9445).(…)

(…) de la doctrina del Alto Tribunal Provincia cuya copia concordada ha sido incorporada a fs. 105/132 que la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios mediante la Ley 9445, no resulta violatorio de derecho constitucional alguno, pues los Colegios Profesionales son una creación legal, que la Provincia en calidad de titular de las potestades públicas, puede instrumentar, como así también que el mentado Colegio se presenta como medio idóneo para asumir por delegación legal el gobierno y control de la matrícula de esta actividad profesional, lo que sumado a la diferenciación que hace la misma de la profesión de Martilleros y Corredores con singularización de la actividad del Corredor Inmobiliario, conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley 9445.(…)

DESCARGAR Sentencia Lucero

Confirman medida cautelar sobre incumbencias profesionales de martilleros y corredores inmobiliarios

El Colegio de Martilleros debe aclarar en sus comunicaciones públicas que quienes quieran ejercer el corretaje inmobiliario en Córdoba deben matricularse en el Colegio de Corredores Inmobiliarios.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación confirmó una medida cautelar que ordena al Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba aclarar en todas sus declaraciones, informaciones, publicaciones y demás formas de comunicación que aquellas personas que quieran ejercer la profesión de corredor público inmobiliario, en la provincia de Córdoba, deben inscribirse en la matrícula del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, conforme lo dispone la Ley 9445.

El tribunal de apelaciones también ordenó que siga entendiendo en la causa el Juzgado en lo Civil y Comercial de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba y, en consecuencia, dejó sin efecto la decisión de remitir las actuaciones a una Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En la resolución, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación descartó que la medida cautelar importe una censura previa o una violación a la libertad de expresión. “Si bien toda cautelar conlleva la restricción de un derecho contra de quien se traba, la razonabilidad y equidad de su imposición es previamente juzgada por el Tribunal”, afirma la resolución.

“En el caso, -agregó la Cámara- ponderados los impedimentos que implican la medida conforme a la pretensión de la actora y, principalmente, su verosimilitud y el peligro que la demora de la resolución, no se advierte atisbo de exorbitancia que justifique su revocación”.

La resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación no se encuentra firme, ya que ha sido impugnada a través de un recurso de casación que está en trámite.

Causa: “Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba c/ Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba – Ordinario – Otros. Expte. N° 6797727”.
Fecha: 1 de octubre de 2019.
Resolución: Auto 251.

DESCARGAR FALLO

Ratifica Cautelar contra Martilleros

SE RATIFICA la Orden Judicial:“ordénese al Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba que en todas declaraciones, informaciones, publicaciones y demás formas de comunicación por el medio que fuere, sin perjuicio de lo que pudiere manifestar en ellas, deberá aclarar que en la Provincia de Córdoba el corretaje inmobiliario se encuentra regido por las disposiciones de la ley 9445, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, en función de las cuales todos aquellos que quieran ejercer la profesión de Corredor Público Inmobiliario en la Provincia de Córdoba deben inscribirse en la Matrícula del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios que crea la ley mentada; a cuyo fin: líbrese oficio.”

Descargar el Fallo

El CPI es el responsable de fiscalizar y controlar a Corredores Públicos Ley 7191 que ejercen como Inmobiliarios.

En la sentencia en contra del expresidente de Martilleros Urcegui, extensiva al Colegio de Martilleros, la justicia expresó que los Matriculados en ese Colegio NO PUEDEN ejercer la actividad de intermediación inmobiliaria. Además se rechazó el argumento que el título y la matrícula son únicos y quien puede lo más puede lo menos, dejando en claro que no hay exigencia de doble Matriculación del CPI.

DESCARGAR SENTENCIA URCEGUI

FISCALIZACIÓN JUDICIAL

En el marco del programa de Fiscalización que se desarrolla en toda la Provincia, con el objetivo de detectar y eliminar el “ejercicio ilegal de la Profesión”, se inició un expediente a una persona que ejercía la Actividad Inmobiliaria con una Matrícula de Corredor Público, aduciendo la normativa de la Ley pcial 7191 y el Art. 1345 del Código Civil y Comercial.

En este caso en particular, luego de recolectadas las pruebas, este Corredor Público, envió una carta documento, por sugerencia del Colegio de Martilleros, apelando toda la acción de fiscalización.

Continuando con el proceso jurídico establecido para estas situaciones, se le inició Juicio Ordinario y luego de comparecer con los asesores legales del Colegio de Martilleros, el demandado ante la contundencia de la Ley 9445 y las acciones de fiscalización decidió allanarse a la acción, pedir eximición de costas y matricularse bajo la Ley 9445, única norma que regula y administra el ejercicio profesional legal para la actividad inmobiliaria en toda la Provincia de Córdoba, a través del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios.

DESCARGAR SENTENCIA NAPOLITANO

DENUNCIA DE PRATO, RECHAZADA POR LA JUSTICIA PENAL

Una vez más la Justicia Penal de Córdoba ratificó que las acciones de Fiscalización y Control de la Actividad Inmobiliaria corresponden al Colegio Profesional de Inmobiliarios. 

En febrero del corriente, Mediante Resolución de fecha 8/2/2019 la Fiscalía del Distrito 4 Turno 2 había admitido la denuncia penal formulada por el “Colegio de Martilleros” hacia el Colegio Profesional Inmobiliarios. POR HABER INCURRIDO  en los SUPUESTOS delitos de Estafa, Extorsión y Coacción.  VER ACÁ: http://cpmcp.org.ar/admiten-denuncia-penal-contra-el-cpcpi/

En unos pocos meses, LA FISCALIA y el JUEZ DE CONTROL, no sólo rechazaron las acciones y mandaron a Archivar la Causa, sino que en los argumentos desarrollados, dejan más que en claro que la Ley 9445 es la única que puede ejercer el Gobierno de la actividad del Corretaje Público Inmobiliario en toda la Provincia de Córdoba.

Como es habitual, nosotros ACÁ SI TE MOSTRAMOS todos los Fallos, y quedamos a disposición para que puedas encontrar siempre la VERDAD de los hechos, que son irrefutables.

DESCARGUE AQUÍ LA RESOLUCIÓN

 

 

 

Una vez más…!

Estimado Colega CPI

Ante un nuevo infundado y falaz comunicado por parte del Colegio de Martilleros, que intenta confundir y dilatar lo ya expresado en los innumerables fallos y sentencias de la Justicia de Córdoba, la Justicia Federal, el Tribunal Superior de Justicia y la misma Corte Suprema, nos vemos obligados a molestarlo, para acercarle la documental correspondiente para vuestro conocimiento y tranquilidad. 

AUTO JUEZ 2A NOM – RESPECTO A LA CAUTELAR

INCOMPETENCIA DE OFICIO – CAUSA FEDERALES

PRATO FISCALIA

RECHAZO CAUSA MATTONE

RECHAZO CAUTELAR

SENTENCIA AMPARO Colg Martilleros

Así mismo, cada fallo y sentencia están “siempre” disponibles en www.blog.cpcpi.org.ar donde se encuentra todo el historial judicial, para ser analizado y estudiado por quienes todavía puedan tener alguna duda respecto a la Realidad del Corretaje Inmobiliario en Córdoba.

Desde el CPCPI, tenemos a disposición nuestros asesores legales y toda la información disponible y pública desde siempre, porque respetamos la verdad y el compromiso con las Leyes vigentes y la Justicia.

Las palabras y las comunicaciones son efímeras, los hechos y los fallos del Poder Judicial, en todos sus niveles, son INCONTRASTABLES 

RECHAZAN el amparo del Presidente Prato de Martilleros, sobre un planteo de inconstitucionalidad de la Ley 9445

La promocionada “GRAN EXPECTATIVA” sobre el amparo de Prato, en SEP 18, quedó extinta con lo expresado por la Fiscal, que recomienda RECHAZAR, sobre la jurisprudencia de los fallos del TSJ y la Corte Suprema de Justicia, argumentando que cualquier pedido es inválido, porque ya fue resuelto en muchas instancias judiciales, con SENTENCIAS FIRMES.

PRATO solicitó:

  • …que el CPCPI se abstenga de impedir obstaculizar, sancionar y/o perturbar el libre y regular ejercicio profesional como Martilleros y Corredores Públicos, debiendo declarar inconstitucional la Ley 9445.
  • …que el CPCPI está denunciando penalmente a Martilleros y Corredores Públicos amparados bajo el régimen de la Ley 7191.
  • …plantea la inconstitucionalidad de la Ley 9445, al entender que la Ley Nacional 20.266, modificada por la 25.028 considera al “Martillero y Corredor Público” como una única Profesión y de ahí que la Ley 9445 deviene inconstitucional al intentar crear una sola “profesión” la de corredor Inmobiliario, lo que es facultad exclusiva y excluyente de la Nación en virtud de los artículos 126 y 75 incs.18 y 19 de la C.N. Además la Ley Nacional de Educación Superior nro.24.521, por efectuar una distinción que la Ley 20.266, modificada por la Ley 25.028, no realiza
  • … se considere que Martillero Público y Corredor Público son dos profesiones distintas, debiera resultar indudable que el Corredor Inmobiliario no es una profesión distinta e independiente de su género, que es la de Corredor Público.
  • Manifiesta también que la Ley 9445 viola el principio de jerarquía de las leyes, al vulnerar el art.31 de la Constitución Provincial, el derecho de propiedad (art.17 CN) y de ejercer toda industria lícita (Art.14 CN).
  • Señala como inconstitucional la ley 9445, porque viola la Ley 20.266, modificada por la Ley 25.028, que considera al Martillero y Corredor Público como única profesión, lo que implica crear una profesión, facultad que es exclusiva y excluyente de la Nación en virtud de lo dispuesto por los arts. 126 y 75 inc. 18 y 19 de la C.Nac. y la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
  • Señala que viola el principio de jerarquía normativa (art. 31 C.Nac.), porque crea una profesión, tal como la de corretaje inmobiliario, y ello contradice la Ley 25.028, que solo establece las facultades e incumbencias para los corredores, pero no hace la distinción que formula esta ley. Expresa que ésta Ley también vulnera el art. 37 de la Constitución Provincial, por cuanto si bien delega el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en este caso, se estarían excluyendo a profesionales que ejercen la actividad del corretaje con semovientes y muebles, de los inmobiliarios.
  • Además vulnera el derecho de propiedad (art. 17 CN y 14 CN), porque implica que la obligación de ser todos los corredores públicos ya colegiados bajo la Ley 7191, deberían abonar los aportes al Colegio Ley 9445, lo que duplica los costos de colegiación.
  • A su vez, en forma subsidiaria, plantea la vigencia de la Ley 7191, ordenándose que en el sublite, la demandada se abstenga de continuar difamando y obstaculizando el libre ejercicio profesional del amparista como Corredor Público, matriculado en los términos de la Ley 7191. Insiste, en el entendimiento que la Ley 9445, no deroga el gobierno de la matrícula de corredor público (art.1º y 89 inc. a) de la Ley 7191, a través del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos creado por la Ley 7191.

A LO CUAL la Fiscal Civil Comercial y Laboral de Tercera Nominación, María Lourdes Ferreyra de Reyna; EXPRESÓ:

  • Corrido traslado del planteo a la parte demandada, ésta lo evacua a fs.157/175, solicitando su rechazo. Expresa que, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad en atención a que el TSJ, ya resolvió sobre su constitucionalidad en los autos caratulados: “Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba C/ Provincia de Córdoba – AMPARO” (Expte. Nº 338680), en la que remarca la especificidad de la profesión inmobiliaria y la necesaria jerarquización de la profesión, dándole un marco legal propio.
  • La especificidad que caracteriza al corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación inmobiliaria, como actividad profesional, permiten sostener que no aparece conculcada la razonabilidad de su regulación diferenciada, incluida la creación del Colegio de Profesionales de Corredores Públicos Inmobiliarios. Argumenta que con este amparo, se quiere reinstalar dos tópicos que ya han sido resueltos por la jurisprudencia cordobesa en reiteradas oportunidades, tales como: la Inconstitucionalidad de la Ley 9445 y la vigencia de la Ley 7191, en materia de Corretaje Público Inmobiliario. Manifiesta, con relación a la pretendida vigencia de la Ley 7191, que esta ley solo regula el Corretaje Publico Inmobiliario, por lo que, esta seguiría vigente, quedando excluido de dicha ley todo aquello que tiene por objeto la intermediación de los inmuebles en la Provincia de Córdoba.
  • Sostiene que es falso que con el art. 58 de la Ley 9445, se deroguen los arts. 18 y 19 de la Ley 7191, porque cuando dicha ley quiso derogar todas las disposiciones que se opongan a la mencionada ley, así lo expresó, de allí que no se puede considerar que invalide toda la ley. Así ya lo ha resuelto la jurisprudencia que cita. Además expresa que resulta absurdo sostener que estarían sujetos a una doble colegiación.
  • Asimismo, solicita el rechazo del planteo de inconstitucionalidad porque no se puede sostener que los controles de un Colegio Profesional atenten contra el derecho a trabajar, además sostiene que es falso sostener que se vulnera el derecho adquirido de un matriculado bajo la Ley 7191, más aún cuando la ley 9445, los protege al prever en el art. 55, que tenían 180 días para readecuar su ejercicio profesional, además no vulnera el derecho a la igualdad porque el legislador entendió que el corretaje inmobiliario debía tener una regulación propia, porque el desarrollo de la actividad y seguridad jurídica hacían necesario una regulación más profunda y una especialización en la tarea.

RECHAZAR EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD

  • Pues bien, sobre la normativa ahora cuestionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mediados de 2015, confirmó su plena vigencia, ratificando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, confirmando que la Ley 9445, es la encargada de regular y administrar todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria en la Provincia de Córdoba.
  • Poniendo fin al requerimiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 9445, NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL EXPRESÓ QUE:

1) “La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a los colegios profesionales para el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio, tal como lo concreta la Ley N° 9445.

2) Al Estado le preocupan los intereses que se relacionan con la representación externa y disciplina interior de la profesión, representadas a través de la matriculación profesional y actuación de la potestad disciplinaria cuando corresponda, funciones otorgadas al Colegio Profesional.

3) La Ley 9445, establece en su artículo 27 que dicho ente tendrá los siguientes fines y atribuciones: … b) Otorgar la habilitación profesional y la credencial correspondiente;

4) … tanto el propio texto de la ley como sus fundamentos centran la creación de un nuevo Colegio en la fuerte convicción de la diferencia existente entre las profesiones de Martilleros y Corredores, reafirmando lo establecido por la Ley 7191, que regulaba de un modo conjunto y en disposiciones comunes ambas actividades en cuanto a inhabilidades, matriculación, obligaciones, derechos y prohibiciones, funciones propias y disposiciones comunes aunque salvando su singularidad en el art. 10 cuando se ocupaba de distinguir las actividades propias del martillero y las del corredor, conceptuando al corretaje como una profesión independiente así como la singularidad de la actividad del inmobiliario.

5) … la actividad que realiza el corredor requiere de un control especial e intenso por parte del Estado Provincial, delegado en el Colegio Profesional.

6) la normativa establecida en la Ley 9445, responde plenamente a los principios axiales de todo sistema jurídico de razonabilidad, proporcionalidad o congruencia, toda vez que se erige como un patrón de valoración decisivo de la constitucionalidad de todo acto de reglamentación o restricción de derechos dictados en nuestro Estado de Derecho por imperio del art. 28 de la Constitución Nacional.

7) Lo expresado conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley N° 9445 en cuanto crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, como medio idóneo y proporcionado para delegarle el gobierno y control de la matrícula de la actividad de corretaje inmobiliario” (TSJ Sala Electoral y Compet. Orig. Auto nro.31 del 08-08-2013, el que quedó firme por rechazo de Rec. Extraordinario ante la CSJN de fecha 09-06-2015 -1761/2014/RHI).

  • Así entonces, conforme la doctrina del Alto Tribunal Provincial, la creación de un Colegio de Corredores Inmobiliarios mediante la Ley 9445, no resulta violatorio de derecho constitucional alguno, pues los Colegios Profesionales son una creación legal, que la Provincia en calidad de titular de las potestades públicas, puede instrumentar, como así también que el mentado Colegio se presenta como medio idóneo para asumir por delegación legal el gobierno y control de la matrícula de esta actividad profesional, lo que, sumado a la diferenciación que hace la misma de la profesión de Martilleros y Corredores con singularización de la actividad del Corredor Inmobiliario, conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley 9445.
  • En el planteo de autos, no se alcanza a vislumbrar de qué manera se violentarían las normas constitucionales invocadas, ya que no se logra acreditar que la Ley en cuestión haya creado una nueva carrera, la de “corredor inmobiliario” pues surge nítido de la lectura de la misma, que ésta ley crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y reglamenta el ejercicio de la profesión de corredor inmobiliario, estableciendo requisitos para ello, como tampoco se logra demostrar que no existe a nivel universitario el dictado de la carrera de “corredor inmobiliario” ya que el corretaje inmobiliario se presenta como una rama especial del corretaje en general, previsto en la Carrera de “Martillero y Corredor Público.

Estamos convencidos que quienes han estudiado y obtenido un Título Profesional Universitario, tienen el derecho de trabajar y ejercer con tranquilidad la profesión que eligieron y formar parte de la Comunidad Profesional Inmobiliaria de Córdoba, para lo cual es necesario tener una Matrícula CPI y cumplir con todas las disposiciones de la Ley 9445, que es la única habilitada para regular la actividad en la Provincia de Córdoba.

Durante mucho tiempo la desinformación y el engaño han actuado en defensa de intereses egoístas y personales, sin pensar en la realidad de cada trabajador que diariamente tiene que ejercer y NO TIENE UNA MATRÍCULA debidamente encuadrada que lo proteja, tal como le ha sucedido ya a varios Colegas y otros tantos que tienen graves problemas con la Justicia.

TODA LA HISTORIA JUDICIAL que sostiene y avala cada uno de los argumentos que siempre expresamos desde el CPI, están publicados y son de libre acceso, para que cualquier persona pueda asesorarse y entender LA ÚNICA VERDAD VIGENTE E INCONTRASTABLE.

 

descargar RECHAZO PRATO